Una urgencia llamada Defensor Departamental de los Derechos Humanos

Carlos Pablo Klisnky Fernández*

El Movimiento Al Socialismo continúa materializando su plan de acabar con la institucionalidad republicana, destruir cualquier expresión democrática que se mantenga todavía vigente. El deseo de tener plenos poderes no tolera demoras ni paralizaciones, peor aún obstáculos que sean colocados por leyes, normas que, según la perspectiva presidencial, pueden violarse con la certeza de que los abogados de Palacio Quemado convalidarán ésa y otras arbitrariedades. No hay limitación que importe cuando se trata de acelerar una “revolución” que, hasta el momento, ha servido únicamente para incrementar el número de corruptos, así como la pobreza en todo el territorio nacional. Ya que hablamos de sus logros, no es inútil destacar que los exilios han aumentado por culpa del conjunto de persecuciones que desencadenó el partido gobernante para gozo de la barbarie.

El problema relacionado con el ataque del oficialismo a los demás órganos del poder público es grave. Al margen de otras consideraciones que puedan formularse, son los individuos quienes quedan desprotegidos cuando las entidades que debían garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales dejan de funcionar. Sea por temor o debido al inicio de juicios tan siniestros como irregulares, los encargados de hacer efectiva esa defensa se ven imposibilitados de realizarla, perjudicando a quienes los invocaban para terminar con las violaciones que son cometidas en su contra.
Aunque parezca increíble, en medio del vendaval de atropellos que consuma el Gobierno, hay instituciones que, desde la propia Administración, pueden reclamar por los abusos del poder. Pienso en el Defensor Departamental de los Derechos Humanos, figura reconocida por el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobado con incuestionable contundencia, y cuya misión principal consiste en velar por los derechos y garantías fundamentales, a fin de que no sean perturbados por actos de servidores públicos, sin importar el grado que éstos tuvieran. En efecto, no necesitamos recurrir a instancias nacionales, centralizadas, burocráticas, para exigir que algo tan elemental como las garantías del debido proceso sean respetadas; asimismo, todas las reclamaciones hechas por los integrantes de la sociedad civil serían fortalecidas a todo nivel, incluido el internacional.

Hace más de un año, los cruceños votamos para que nuestro anhelo autonomista comenzara a concretarse. El Estatuto fue construido con todos los cuidados y diligencias que una norma fundamental requiere; su apoyo masivo, superior al que los oficialistas ansiaban para su texto constitucional, demostró la confianza que las personas le tenían. Se pensaba que el maltrato centralista finalizaría, pues la decisión del soberano era inequívoca. Ésta era la misión que todos asumimos al apoyar su vigencia. Sin embargo, me temo que nos está faltando fuerza, ya que, hasta ahora, ni siquiera una institución esencial como la Defensoría Departamental de los Derechos Humanos puede activar los mecanismos creados por las normas autonómicas, ésas que más de un funcionario ya juró hacer cumplir. Tengo la convicción de que nada prueba mejor los beneficios de ser autónomos que, frente al creciente abuso que perpetra el Gobierno, una institucionalidad departamental que salvaguarde a sus ciudadanos. Y es que, si no se muestra efectivo en la defensa de los individuos que componen esta región, el Estatuto corre el riesgo de perder legitimidad, frustrando las numerosas expectativas que originó.

*Diputado Nacional