El MAS y la multiplicación de los corruptos

Carlos Pablo Klinsky Fernández*

La corrupción es uno de los mayores problemas que, desde hace mucho tiempo, daña seriamente a Bolivia. Nadie parece librarse de los requerimientos que, sin motivación jurídica ni moral, plantean los funcionarios públicos que buscan engrosar su patrimonio en detrimento del Estado y quienes lo componen. Es cierto que, pretendiendo eludir los obstáculos colocados por la burocracia, muchas personas ceden a la tentación del cohecho; sin embargo, esto no sirve para suavizar las críticas que toda práctica corruptora debe provocar. Y es que el repudio a esta clase de infamias debe ser total; un mejor futuro del país depende, con certeza, de que esto sea realidad.
Los corruptos han estado caminando por las oficinas públicas durante tantas décadas que su desaparición podría ser considerada como algo muy difícil de realizar. Pese a ello, mediante diversas normas, los gobiernos que dirigieron la República trataron de diseñar y aplicar un control efectivo del uso de recursos fiscales, entre otros meritorios objetivos. Así, al margen de su jerarquía, los servidores tenían que adecuar rigurosamente sus actuaciones económicas a lo establecido por Ley. Había, pues, una institucionalidad que aseguraba un control del manejo de fondos estatales, pero también garantizaba la aplicación de sanciones cuando se violaban las regulaciones aprobadas con ese fin.
Si bien es cierto que los hechos de corrupción nunca faltaron a lo largo de la historia colonial y republicana de Bolivia, cualquiera puede darse cuenta del vértigo que han ganado últimamente. En efecto, no es necesario recurrir a consultorías o estudios de organizaciones internacionales para concluir que, lejos de disminuir, este mal se ha agravado durante la presidencia de Juan Evo Morales Ayma. La “superioridad moral” que anunciaban sus seguidores no se advirtió cuando correspondía sobreponerse a ofrecimientos indebidos y presiones de las esferas superiores que anhelan medrar más. Uno colige que la principal aspiración es ocupar un cargo para terminar con las dificultades pecuniarias. Quizá en lo único que, hasta este momento, el Movimiento Al Socialismo haya sido efectivo sea en el enriquecimiento rápido, impune e increíblemente grosero de sus seguidores.
Como la sola mención de todos los negociados que han consumado quienes integran el partido gobernante ocuparía varias columnas del periódico, me limitaré a citar aquéllos que, debido al impacto generado por los medios de comunicación social, ganaron celebridad. En esa línea, vale la pena recordar estos sucesos: venta ilegal de tractores, distribución indebida de visas para ciudadanos chinos, construcción fraudulenta de viviendas sociales, proliferación de casas de juego, contrabando con aprobación ministerial, coimas millonarias para celebrar contratos vinculados al tema de los hidrocarburos, etcétera.
No cabe duda que los corruptos se multiplican gracias al amparo del Gobierno. Ninguna de sus dependencias ha probado ser eficiente en la lucha contra ese tipo de vilezas; al contrario, con pocas excepciones, los masistas han optado simplemente por cambiar de puesto a quien es acusado de robar al Estado, impidiendo un progreso en el combate que se libra contra la pobreza. Por cierto, no hay que confundirse: el encarcelamiento de Santos Ramírez no es un mérito del oficialismo, sino la consecuencia de torpezas letales y un oportuno proceder de quienes persistieron en su acusación. Quintana demuestra que la impunidad por hechos de corrupción es compatible con las políticas gubernamentales.

*Diputado nacional